Territorio sin consentimiento
Por Hernan Padilla
Los resultados de las recientes elecciones y la
composición del nuevo Congreso federal representan un gran reto, a la vez otra oportunidad
para el pueblo puertorriqueño de reiterar su reclamo en contra del estatus
territorial colonial
Un 69% de los participantes en la encuesta de END expresó un gran pesimismo y entiende que PR
va por mal camino. Casi dos terceras partes desaprobaron la gestión del Gobernador,
quien es el líder de los defensores de la colonia, y a la vez proponen un ELA
soberano, independencia y/o una república independiente-asociada a los Estados
Unidos.
Hemos advertido consistentemente que el fracaso del
experimento del ELA-colonial es la causal primaria del colapso económico que
mantiene a los puertorriqueños en un estado de depresión y promueve la fuga
poblacional.
Para rescatarnos de un estatus de inferioridad como
ciudadanos americanos, urge resolver el estatus que nos niega los mismos
derechos de igualdad, poder político y oportunidades de progreso que tienen
nuestros conciudadanos en los 50 estados.
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Es necesario trabajar con el Congreso y el Ejecutivo para
que admitan que un territorio no incorporado, sin en el consentimiento de los
gobernados, ya no tiene cabida en la democracia americana, por lo que es
necesario viabilizar un referéndum y proceder a la admisión de PR como Estado.
Mediante el
Acta Foraker, Puerto Rico pasó a ser el
primer territorio no incorporado bajo los poderes plenipotenciarios del
Congreso, sin el consentimiento de los gobernados. Según el artículo del Profesor Gómez citando al
Juez Cabranes; “cuando se le concedió en
el 1917 la ciudadanía americana a todos los residentes de Puerto Rico tuvo el efecto
de perpetuar el estatus colonial”.
El estatus “no
incorporado” tenía el propósito de retener los territorios bajo la bandera americana,
para que fueran posesiones sin formar parte integral del territorio americano y
que la Constitución no aplicase a sus residentes. En palabras de Cabranes "The United States thereby
acquired not 'territories' but possessions or 'dependencies' and became, in
that sense, an 'imperial' power".
Después de
la Segunda Guerra mundial, EEUU se
encontró con la embarazosa situación de que Puerto Rico era una colonia, pues
no tenía el consentimiento de los gobernados. Trataron de resolver el problema
mediante la Ley 600 que permitió que Puerto Rico creara su propia Constitución
con el aval del Congreso, y a adquirir el máximo de autonomía compatible con aquella
de los Estados de la Unión.
Ello permitió a
los EEUU argumentar en los foros internacionales que ya Puerto Rico no era una
Colonia, que su nuevo sistema de Gobierno tenía el consentimiento de los
gobernados, y que ya no debía figurar en la lista de territorios coloniales. Sobre esto, el Juez Federal Gustavo Gelpí argumentó que aunque Puerto Rico todavía era
un territorio no incorporado de jure, había evolucionado de facto a un
territorio incorporado.
Esta
interpretación fue valida hasta el Referéndum
del 2012, cuando el 54% de los electores rechazaron el estatus territorial
colonial. El territorio no incorporado ya no tiene el consentimiento de los gobernados,
y prácticamente sitúa nuevamente a Puerto Rico en la lista de territorios coloniales
de la ONU.
Citando al
Juez Juan Torruellas” Los EEUU deben sentirse avergonzados de
negarle igualdad de derechos a cuatro
millones de Ciudadanos Americanos…. Si se requiere avergonzarlos para que
extiendan igualdad de derechos a los ciudadanos de los Estados Unidos en Puerto
Rico, una buena dosis es apropiada”. Mas reciente, el
Senador Ron Wyden sentenció que la relación actual de PR con los EEUU como
ELA colonial socava la integridad moral de los EEUU ante el mundo.
Ante esa
realidad, es nuestra responsabilidad continuar reclamando enérgicamente que el Congreso
termine el estatus colonial ofreciéndoles a los ciudadanos americanos de Puerto
Rico la opción de incorporarse a la Unión como un Estado federado.
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